La problemática de la habilitación de los negocios representa uno de los temas más urgentes a resolver por el municipio. Pero éste no da cuenta del problema o, al menos, no parece interesarle.

En los últimos tiempos han acontecido, en nuestro país, hechos trágicos que involucran a locales comerciales. Los mismos han despertado la conciencia de la sociedad acerca de la necesidad de establecer más y mejores controles a la hora de conceder la habilitación para funcionar.

Ahora bien, si no hay controles…¿quienes se benefician? Evidentemente cuando no existen mecanismos ágiles, eficientes y transparentes, fundamentalmente en actividades privadas, todo entra en un terreno de caos, incertidumbre y corrupción, que se incrementa en la medida en que los controles se van degradando.

La ciudad de Santa Fe tiene algo más de 450.000 habitantes y, aproximadamente, 17.000 comercios registrados para el pago del Derecho de Registro e Inspección. Es decir que estos son los comercios por los cuales el municipio percibe un tributo que, entre otras cosas, supone de parte del mismo una tarea de inspección y control que garantice el buen estado de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, en general, y de las específicas por actividad, en particular.

Para efectuar la tarea de inspección que requiere el trámite de habilitación de un comercio, sea del tipo que sea, la Municipalidad cuenta solamente con unos 10 inspectores. Cualquier observador distraído podrá advertir que el estado municipal, con esta planta de personal, no pude cubrir las necesidades que le impone la realidad.

Devienen, entonces, algunas preguntas; si en el Municipio hay 17.000 comercios registrados, ¿cuántos de ellos están habilitados correctamente? ¿Cómo y quien establece un orden de prioridad para las inspecciones? ¿Se realizan inspecciones posteriores a la habilitación? ¿Cuánto se demora entre la solicitud de inspección y la realización de la misma? ¿Qué sucede en ese lapso?.

La respuesta es obvia y surge al contacto con la realidad: el municipio incumple con su obligación de control de las actividades comerciales y pone en riesgo, con ello, la seguridad de los vecinos de la ciudad, pero, además, no da ninguna señal que permita, siquiera, inferir que se encuentra preocupado en resolver la situación.