El informe de la Auditoria General de la Nación acerca del manejo (y desmanejo) de los subsidios destinados al Transporte Urbano de pasajeros nos da la razón en cuanto al desorden y la discrecionalidad en el que fueron otorgados.

Lamentablemente este informe llega demasiado tarde como para remediar los daños ya producidos, por lo menos en nuestra ciudad. Mientras tanto hasta ahora no tenemos conocimiento que la Justicia santafesina haya investigado ni mucho menos encontrado los responsables y beneficiarios de un posible desvío que hoy genera inconvenientes en el servicio, entre otros en lo que respecta al aumento del boleto.

Lo que denunciamos junto a otros sectores era cierto: No existieron controles ni rendiciones de cuentas. No se exigió el cumplimiento de las mínimas condiciones para acceder el subsidio, y en todo esto tanto el Estado Nacional, Provincial como Municipal tienen su responsabilidad.

Lamentablemente en el tema de los subsidios del transporte urbano de pasajeros, quienes no han cumplido con la norma, quienes han perjudicado al vecino, y quienes muy posiblemente han desviado los fondos destinados entre otras cosas a mantener el servicio, la tarifa, la estabilidad laboral y los convenios colectivos de trabajo hoy ni siquiera están siendo investigados.

El sistema de subsidios nace en el 2002, a la salida de la convertibilidad, con el propósito de mantener el cuadro tarifario, entre otras cosas. Decíamos en aquel entonces (año 2004- http://www.simoniello-henn.com.ar/pages/trabespe/TRANSPORTE/index.html) que había un sector de la ciudad que se había enriquecido con este desmanejo y que esta situación iba a traer consecuencias graves en el transporte, dado que se había generado una terrible concentración económica en manos de unos pocos que empezaron a manejar monopolicamente el sistema en la ciudad.

Las consecuencias de la falta de investigación de estos hechos entre otras hasta ahora fueron:

• Una inusitada concentración económica en manos de unos pocos que van a ser los únicos que se van a poder presentar en la próxima licitación. Es decir los que no cumplieron, los que se beneficiaron, los que perjudicaron al usuario, serán los que se presenten en soledad al nuevo proceso, beneficiándose con un marco jurídico que, aun cuando no les venga bien, les permitirá ser los "dueños" del transporte durante 10 años en la ciudad.
• Que haya habido (y seguramente los hay) empleados en negro, cobrando menos que otros en "blanco", que no se hayan cumplimentado las obligaciones laborales en general y que haya habido empleados despedidos. Que no se hayan abonado, como exigía la norma, los haberes al día. De hecho el propio gremio accedió al manejo de los montos de los subsidios aún cuando las quejas persistieron.
• Que se haya generado una concentración económica tal en el manejo del servicio que el mismo hoy es prácticamente monopólico, utilizándose empresas insolventes, verdaderos cascajos jurídicos que le permiten a algunos empresarios y pseudo empresarios brindar el servicio de la mayoría de las líneas y presionar, cuando así lo necesitan, a través del propio gremio por cuestiones que tienen que ver con el sistema, con cuestiones a cargo de los empresarios y algunas veces por reivindicaciones laborales.
• Una incorrecta distribución por parte de la Provincia de los subsidios: Si bien el criterio Nacional era la distribución por pasajero transportado, este criterio fue modificado en la provincia (Sin controles según la propia auditoria) para otorgarse los subsidios por unidad. Esto generó que al empresario no le interese ni levantar pasajeros ni prestar el servicio. Esto generó que no exista servicio en la ciudad de Santa Fe durante los años 2002 y 2003 fundamentalmente. Esto generó que, al retrotraerse la provincia al criterio aplicado por la nación, nuestra ciudad "pierda" importantes montos en los subsidios que pasaron de ser "vacas gordas" a ser "vacas flacas", posibilitando la discusión de nuevos aumentos en el servicio.
• Es decir que el desmanejo, la falta de control, de quienes repartieron los subsidios, así como la posible falta de credibilidad en los propios controles también son causas de los aumentos de hoy.

Hoy dice el Informe realizado por la Auditoría...: "que el sistema en sí, adolece de la falta de exigencia de una rendición de cuentas de los beneficiarios... Solo se acredita la percepción... Pero no en qué fueron utilizados los fondos, como para ver si fueron destinados a lo que originalmente estaban previstos...

En cuanto a recomendaciones dice: "Exigir el acabado cumplimiento por parte de los beneficiarios, de los requisitos y/o condiciones para acceder y mantener el derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos, haciendo uso de las prerrogativas que, como autoridad de aplicación le concede la normativa en el caso de detectarse incumplimientos..., así como "Documentar adecuadamente el cumplimiento de las condiciones y/o requisitos exigidos a efectos de facilitar su control ulterior".

También se solicita "se instrumente un esquema de rendición de cuentas que contemple de algún modo, la verificación de la aplicación de los fondos percibidos por los beneficiarios, propendiendo a un control integral e integrado de la operatoria del fideicomiso...

Estas entre otras son las consideraciones realizadas por este organismo. Lo lamentable es que este tipo de informes –en este caso el de la Auditoria General de la Nación, lleguen tarde, tanto como para reconducir los procedimientos como para evitar las consecuencias que el desorden, el desmanejo y la eventual impunidad pueden generar.

En nuestra ciudad, cuyo Municipio y algunos de sus funcionarios fueron verdaderamente funcionales a estos desmanejos, ya que se certificaron subsidios a unidades que NUNCA circularon, estamos en condiciones de sancionar un nuevo Pliego que deberá regular el transporte por lo menos para los próximos 10 años. En nuestra ciudad pocos van a ser los que se van a presentar para brindar el servicio. Seguramente serán quienes de alguna u otra forma se beneficiaron de este desmanejo y descontrol que recién hoy un organismo de Control hace público.

Por eso decimos y aseguramos con absoluta convicción. Las denuncias, las investigaciones, los organismos de control así como la propia justicia, deben actuar oportunamente. Las demoras excesivas benefician a quienes se sienten libres de hacer lo que quieren y siempre encuentran acciones tendientes a burlar la ley para beneficiarse particular o sectorialmente.

Porque lamentablemente por mas que hoy estemos mas convencidos de que hace tres años teníamos razón, los que denunciábamos esta situación, hoy nos entristece ver como lo que antes se solucionaba con una "subsidio fácil" hoy se soluciona con un "aumento fácil" que terminan pagando todos los vecinos mediante la utilización de argumentos técnicos poco convincentes como los esgrimidos por el Intendente Municipal –sin la firma de ninguna de la Universidades- para fijar un nuevo precio de la tarifa.

LEONARDO SIMONIELLO
Concejal de la ciudad
Santa Fe, 15 de junio de 2006