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El mensaje de Obeid sobre el destino de la EPE: Contradicciones, errores formales y una puerta abierta para una futura privatización

El gobernador ha cumplido con enviar a la Legislatura el proyecto de ley mediante el cual pretende la transformación de la Empresa Provincial de la Energía. Hasta aquí las opciones que parecían tener mayores posibilidades se debatían entre una sociedad del Estado y una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria.

La opción hecha a favor de la SAPEM (como fuera el Banco Provincial) no es casual, ni antojadiza. Por mas que intenten justificarse, una sociedad anónima donde el Estado provincial no retenga el 100 % del paquete accionario, ha sido privatizada en el porcentaje restante. De ahora en mas, la EPE tendrá en forma inalienable mayoría estatal, pero también podrán ser transferidas sus acciones con la aprobación de una ley formal especial, con mayoría de los dos tercios (art. 49 del mensaje). Nada se dice que la propia ley que dispone esta mayoría especial puede modificarse con una simple mayoría.

Transferir en forma gratuita a los sindicatos (no a los trabajadores) el 1 % de las acciones es la excusa apropiada para definir el futuro de la EPE en una S.A.P.E.M y no en un Sociedad del Estado, a la vez que le permite al gobierno sumar la adhesión e intentar silenciar las criticas de quienes 'representan' a los trabajadores. A la vez nada dice de la intransferibilidad de este uno por ciento ni tampoco se restringe el ingreso de capitales privados al fideicomiso que deberán constituir los sindicatos.

Quedará para cotejar con los organismos de la seguridad social pertinentes los efectos de ciertas garantías que el articulado del proyecto establece para el conjunto de los trabajadores de la empresa, por caso la excepción a que los jubilados de la empresa pertenezcan al IAPOS.

El proyecto de ley contiene contradicciones y errores, de fondo y de forma. Entre las formales es inentendible que se repitan dos hojas con artículos diferentes. Concretamente el art. 67 de la página 17 es diferente del artículo 67 de la página 18. Creemos que aquí el apuro jugó en contra de la seriedad que debe presentar un mensaje del Ejecutivo hacia la Legislatura en un tema de esta trascendencia. Tampoco es claro el esquema de subsidios que pretende establecer el artículo 29 que refiere a su capítulo 4, el cual sólo habla de un fondo provincial para obras de mejoras en el servicio eléctrico. Habrá que determinar cual de los dos arts. 67 enviados es el válido.

Yendo a las cuestiones de fondo, se pretende transformar el servicio que estará regulado por un Ente Unico Regulador de Servicios Públicos Provinciales, que todavía no ha sido creado y no se tiene certeza que pueda llegar a producirse ya que éste también incorporaría el control sobre Aguas Provinciales.

El marco tarifario, no ha sido pensado tratando de lograr un esquema igualitario para todos los habitantes del suelo santafesino, sino que existiran tarifas diferenciadas según quienes sean los prestadores, llámese EPE o cooperativas. El Poder Ejecutivo se atribuye la facultad de aprobar los cuadros tarifarios por perìodos de 5 años cuando estas facultades le son propias a los intendentes o jefes comunales en el caso de servicios prestados por cooperativas.

Se pretende justificar la prohibición de los subsidios cruzados entre usuarios, cuando el actual esquema tarifario permite incrementar los precios a mayores consumos en la inteligencia que se trata de usuarios de mayores recursos. La rigidez de una medida como esta encorsetará a la empresa y en un futuro significarle la imposibilidad de garantizar un equilibrio financiero.

A éstas que han sido concebidas como entidades sin fines de lucro se les reconoce la posibilidad de obtener una "razonable tasa de rentabilidad".

Establece que para una empresa 'del Estado' el control será ejercido por un Ente regulador estatal y que operará contra las decisiones de éste el propio Poder Ejecutivo cuando se planteen recurso de alzada. Este esquema resultaría aceptable para el caso de una empresa privada, en donde el Estado se reserve en última instancia administrativa la posibilidad de velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las partes. Aquí parecen enredarse los aspectos que en materia regulatoria existen a nivel nacional. No obstante, los derechos de los usuarios podrán comenzar a ejercerse recién a partir de la creación de el Ente Unico que todavía no ha sido informado a la Legislatura.

No obstante que deroga la ley 11727 privatista de la gestión de Reutemann se toman artículos cuya copia es textual de la misma.

Lo cierto es que este proyecto de transformación de la EPE, deja en evidencia que el que se está transformando es el gobierno de Obeid.

DANIELA QUESTA - Diputada Provincial
LEONARDO SIMONIELLO JORGE HENN - Concejales