Introducción:

Que las políticas neoconservadoras implementadas en los 90 han dejado un conjunto de "destrozos" sociales, cuya dimensión es difícil de determinar, no constituye lamentablemente, un hallazgo novedoso.

Sin embargo, no es una cuestión menor el análisis de las Políticas Sociales que estos mismos sectores que generaron las políticas neoconservadoras, implementan para paliar los efectos de esos "destrozos" sociales.

Sobre el particular, la cuestión Planes Jefes y Jefas de Hogar para el caso de la Ciudad de Santa Fe , constituye un dato importante para comenzar a evaluar al verdadero sentido de estas políticas ; sobre todo cuando se contrasta el objetivo del Decreto que crea este programa con la implementación local.

Desarrollo:

El decreto 565 /2002 de creación del programa Jefes y Jefas de Hogar, en sus considerandos prevé, además de garantizar un ingreso mínimo, "...Que es necesario garantizar la protección integral de la familia y asegurar el acceso de los hijos que se encuentren en las condiciones previstas a la educación formal, y propiciar en su caso, la incorporación de los jefes y jefas de hogar desocupados a la mentada educación, o su participación en cursos de capacitación, que coadyuven a su futura inserción laboral.
Que, para el logro de esta reinserción laboral, se proyecta la participación en propuestas productivas que además, contengan, impactos ponderables para el bien común.
Que reviste igual trascendencia el valor reconocido por la sociedad argentina al trabajo, como ejercicio de un derecho y, conjuntamente como cumplimiento de la responsabilidad de sus integrantes de participar en el esfuerzo de creación de riqueza y de satisfacción de necesidades prioritarias de la comunidad..."
.."Que la evaluación y monitoreo de los proyectos deberá contar con la participación de la organizaciones sociales, garantizando la transparencia y eficiencia de los mismos."

Se desprende de los fundamentos del decreto la intención de desarrollar un programa que tienda a la inclusión social, la inserción educativa de las familias, la reinserción, en su caso, de los beneficiarios directos a la educación.

Estos loables objetivos, al contratarse con la realidad, tomando algunos datos de la ciudad de Santa Fe, merecen, al menos, algunas consideraciones.

Los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas y del Programa de Empleo Comunitario en la ciudad, según datos del ANSES, ascienden a 38.000. El mecanismo previsto por el decreto 565/20002 no existe, consecuentemente no existen los mecanismos de control de eficiencia y transparencia previstos.

Esta desidia, o esta decisión política del Municipio, responsable directo, según el mismo decreto, implica , primeramente la trasgresión a el principio ético planteado "Que reviste igual trascendencia el valor reconocido por la sociedad Argentina al trabajo, como ejercicio de un derecho y, conjuntamente como cumplimiento de la responsabilidad de sus integrantes de participar en el esfuerzo de creación de riqueza y de satisfacción de necesidades prioritarias de la comunidad..."

La sociedad Argentina reconoce en el trabajo un derecho, no arbitrar los medios, ni siquiera los previstos por la legislación para garantizarlos significa cercenarlo, primera responsabilidad ética y política del estado municipal, en no arbitrar los medios para poner en funcionamiento a los consejos asesores previstos. No inducir a la contraprestación laboral constituye también, una falta ética, al no transmitir la responsabilidad de la participación en el esfuerzo de creación de riqueza.

"El Trabajo es un organizador de la vida donde el salario estable produce seguridad y ayuda a la construcción de la subjetividad, permite participar en la cultura, genera redes de contención y articulación social aportando a la construcción social pues permite la reproducción material, la socialización, la participación y afirma la personalidad potenciando la iniciativa y creatividad, posibilitando la construcción de proyectos, de un devenir familiar e histórico social.

La ausencia de trabajo rentado genera competencia, deslealtad, peleas individuales, lucha por la sobre vivencia, perdida de relaciones que rompen las posibilidades de reciprocidad e intercambio, se instala la desconfianza en el otro, produce incertidumbre por el presente y por el futuro al ser imprevisible el hoy y el mañana, se pierde la comunicación, todo esto induce el quiebre de identidades colectivas."

Sin embargo, se podrá argumentar, que, quien recibe un subsidio a causa de su condición de desempleado, y que este subsidio asciende a la módica suma de 150 pesos, no puede ser considerado como un trabajador, y por lo tanto no puede exigírsele mayores, o ninguna contraprestación.

En primer lugar, no es lo que plasma el decreto de creación, por lo que, o se propende a modificar el marco legal o se inflinge la ley.

No promover contraprestaciones, educativas, laborales, de capacitación promueve el congelamiento de la situación del desocupado. Lo que, posiblemente constituye el nudo de esta cuestión, no se promueve la inclusión, se consolida la exclusión social. La exclusión social, no se verifica solamente, por la imposibilidad económica de acceso a determinados bienes elementales, que el monto del subsidio no alcanza a cubrir, sino también de acceso a la educación, a la capacitación, a la participación del circuito económico que genera riqueza, a la posibilidad de movilidad social.

La no utilización de este recurso para aumentar el capital social, implica la irresponsabilidad del despilfarro, vinculado mas a un Estado cómplice que a un estado ausente.

La concepción de un estado paternalista que promueve la distribución dadivosa de recursos sin ninguna orientación, constituye paradójicamente una orientación. Existe, una decisión política de conservar una situación de exclusión, una inmovilidad, una pasividad social que condice con un modelo conservador que promueve el atraso en lugar del progreso, la indiferencia en lugar de la participación. Concepción que excede el ámbito municipal, y que desarrolla la concepción ideológica neoconservadora de los 90 en el país, que subsiste en la provincia de santa fe.

La delegación de la implementación del programa a actores de la sociedad civil, distintas asociaciones, desde productivas hasta confesionales parte también de una concepción desarrollada por el neoconservadurismo de los 90, concepción según la cual el estado es corrupto e ineficiente y las ONGs son eficaces y trasparentes, concepción que coadyuvo al desmantelamiento del estado y la delegación de políticas propias de este a las organizaciones de la sociedad civil.

Esta concepción ha contribuido a idealizar las capacidades de estas organizaciones, que en la practica han demostrado comportamientos dispares, del mismo modo que, los proyectos de capacitación laboral y de participación en servicios comunitarios han sido llevados a cabo con responsabilidad por medio de algunas asociaciones, en otros esta eficacia y transparencia han estado ausentes, no se puede afirmar, por lo tanto, que esta delegación de funciones por parte del Estado garantizó la eficiencia y transparencia declamada.

Los recursos económicos del estado están constituidos por el aporte del conjunto de la sociedad, que delega en él su administración, no puede el Estado delegar a su vez la gestión de estos recursos sin supervisión, sin orientación ni apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.

Puede considerarse una superficialidad o una Inocencia suponer que a través de estos planes Sociales puede modificarse una estructura económica-social y volver a incluir a vastos sectores de la población que han sido marginados por el todopoderoso Mercado.

Sin duda la lucha por la mejor distribución del Ingreso, de un sistema Tributario Justo, por mejores salarios, es la es, la respuesta de fondo. Sin embargo, en el marco de la escasez de recursos, este es un recurso que existe, y si estos son destinados a la fenomenal tarea de inclusión social serán escasos, si sirven para consolidarlos, constituyen un enorme despilfarro.

La Cuidad de Santa Fe tiene una población de 369.000 habitantes -Censo 2001- y una población económicamente activa de 164.000 personas, aproximadamente; de esta población el 23,14 % es beneficiario del programa Jefes y Jefas de hogar -38.000- , esta cifra asciende al 28 % si se suman los 8.000 beneficiarios del programa Familias . A pesar de esto, y teniendo en cuenta que a los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas, según criterios del IPEC, se los considera población ocupada la desocupación en la ciudad supera el 15%.

En términos económicos la existencia de 38.000 beneficiarios que perciben 150 pesos por mes, hacen una suma mensual de 5.700.000 pesos, cifra que asciende anualmente a 68.400.000. Esta cifra es 4,5 veces mayor que el presupuesto de la Municipalidad de Santa Tome -15 millones anuales- es similar a la totalidad de sueldos anuales que paga la Municipalidad de Santa Fe a sus empleados y que con este monto se podrían construir anualmente 3.420 viviendas de 20.000 pesos presupuesto de una vivienda FONAVI .

En una ciudad pobre y empobrecida, estos importantes recursos merecen una discusión seria y racional, donde prime la transparencia y las utilidades sociales se trasladen al conjunto. Referido a esta cuestión Aldo Isuani señala: " La educación es uno de los trabajos socialmente productivos, es decir, ofrecer un incentivo para que la gente desocupada estudie permite elevar los umbrales de ciudadanía y favorece las posibilidades laborales de las personas. Además el sistema educativo es el único capaz de absorber grandes cantidades de personas para dotarlas de una actividad socialmente valorada. El país posee infraestructura y docentes en magnitud tal que convierte al sistema educativo en el principal mecanismo de integración oficial que hoy posee la Nación."

Tal vez lo que deba hacerse, sea "barajar y dar de nuevo" , replantear esta cuestión desde una política de Estado que no fomente "clientes" y que en su lugar aporte a la formación de ciudadanos.

Roberto Magnin
Octubre del 2003