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MAS FONDOS NACIONALES, MAS DISCRECIONALIDAD EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS, MAS DUDAS...

La esperanza de contar con obras públicas con fondos de la Nación en la ciudad de Santa Fe por más de 83 millones de pesos según el Presupuesto 2006, aparece como una buena noticia que compartimos como ciudadanos. Sin embargo, como concejales nos obliga a analizar con responsabilidad la seriedad de esos anuncios y a plantear la necesidad de prever adecuados mecanismos de control público, tendientes a transparentar los actos de gobierno

A efectos de valorar la magnitud de las obras proyectadas, debemos considerar que los recursos de origen municipal son algo más de 64 millones de pesos, mientras que los recursos de otros orígenes, tales como los provenientes de la coparticipación provincial y nacional rondan los 73 millones. El resto del presupuesto, 76 millones, que conforman los 213 millones totales, provienen de subsidios que otorgaría la Nación a este Municipio con el objetivo de realizar las citadas obras. Es decir que la mayor imputación presupuestaria para obras publicas surge de compromisos con la Nación que este Concejo no conoce y por lo tanto no puede valorar adecuadamente.

Pero aparecen las dudas. Según surge de la Ejecución Presupuestaria al 31 de Agosto de 2005 la partida vigente en construcciones es de $78.254.097, cuando el crédito inicial previsto en el presupuesto sancionado el año pasado era de $31.477.430. Es decir que hubo modificaciones presupuestarias en más de 46 millones de pesos destinadas a obras, producto de transferencias de la Nación. Sin embargo, y acá aparece el problema, el porcentaje de ejecución de obras alcanzó en términos relativos un 13,68%, mientras que la ejecución de las transferencias de la Nación sólo fue de un 5,68%.

A la fecha, no es posible determinar si los fondos efectivamente ingresaron al municipio, y en su caso cuál es el estado de sus cuentas bancarias, existiendo por ordenanza de Presupuesto, la obligación de remitir mensualmente al Concejo el movimiento de Rentas Generales. Surge naturalmente, también la discusión sobre la discrecionalidad en el uso de esos fondos, toda vez, que existiendo recursos como nunca antes contó este municipio, no se conoce la existencia de un programa detallado, con sus presupuestos y sus grado de avance.

Para el año 2006, se prevén recursos y obras que necesariamente deben contar con un nuevo sistema de control que refleje las inversiones de manera tan simple como efectiva para toda la sociedad.

Las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal en materia de administración de los fondos públicos, no deben ser ilimitadas, y es el cuerpo legislativo el que aparece como un legítimo actor en la concesión de tales atribuciones al momento de votar el presupuesto. En sentido la existencia de normas en el Presupuesto 2006 que restringen derechos de terceros, que facultan a la Administración Balbarrey a modificar partidas y el destino de fondos relacionados con el alumbrado y con la obra pública le otorgan otras atribuciones relacionadas a la Hacienda Pública, que sólo debieran existir en casos extraordinarios, no solo constituyen una declaración de emergencia encubierta sino que no constituyen una buena señal en ese sentido.

No encontramos lógica alguna que justifique la imposibilidad de llevar a cabo todas aquellas medidas que tiendan a la transparencia en la inversión de los fondos municipales, y el Presupuesto 2006, constituye un primer escenario para empezar a lograr ese objetivo.