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La caida de la licitación

El Intendente Balbarrey dio por caída la licitación y todo el proceso de tercerización luego de que se conocieran experiencias similares como la de Pilar y que todas las fuerzas vivas de la ciudad se pronunciaran en forma contundente y unánime en contra de la misma. Y lo hizo, a nuestro entender con infortunadas declaraciones relacionadas con cuestiones electorales totalmente ajenas al tema y sugiriendo una persecución fiscal a todas las asociaciones que habían participado en el tema.

Lo cierto es que desde el oficialismo se subestimó el sentido común del ciudadano al negar que desde el pliego se estaba tercerizando funciones propias de la Municipalidad. Y eso lo percibió el vecino, las asociaciones y todas, absolutamente todas las fuerzas vivas de la ciudad.

No había margen para negarlo cuando en la segunda hoja del pliego se facultaba a un banco (a designar en este caso por el oferente, en el caso Recovery) a "administrar los fondos fideicometidos", esto es todo lo que el Municipio recaude en concepto de impuesto, tasas, multas contribuciones y gravámenes. No había margen para negarlo cuando en el punto I.4.2 del pliego se establecía que el oferente (en el caso directamente Recovery) iba a percibir entre otras cosas un importe por los fondos que recaude originados por, entre otras cosas por la detección de construcciones clandestinas y por los comercios e industrias sin su correspondiente habilitación. Y nos parece bien que se detecte este tipo de actividades, pero lo cierto es que en el caso no se puede hablar de que no hay tercerización de esas funciones. El Estado debe garantizar la reserva de esas potestades como elemento esencial para llevar adelante políticas tributarias equitativas pero eficientes que impidan por ejemplo que un hipermercado en pleno centro de la ciudad siga sin habilitación porque supera con creces los metros cuadrados para estar en ese lugar. Y para impedir esos desequilibrios se necesita decisión política y no necesariamente tercerizar.

No había margen para negarlo cuando los santafesinos padecemos todos los días del año la tercerización del servicio de grúa y donde una empresa SES cobra por coche removido. El santafesino sabe que "eventual" poder de policía del agente municipal que se sube en los vehículos de la empresa para salir a buscar sus presas queda absolutamente diluido y licuado.

Pero lo que terminó siendo decisivo para la caída de la licitación fue la repetición calcada del modus operandi de las empresas que explotan el negocio de la tercerización de presentarse "en dupla", una sin ningún antecedente y otra con malos antecedentes para terminar, luego de la apertura de los sobres y la ratificación de la ganadora, yéndose hasta en el mismo auto como ocurrió en experiencias en otras localidades.

La presentación en sociedad de una empresa como Recovery fue determinante para la caída del modelo. Una empresa que fue expulsada por los ciudadanos en todas las localidades donde lo tocó actuar, por supuesto previa indemnización y con el destino incierto de toda la rica base de datos que se llevaban violando entre otras cosas el secreto fiscal, que dejaba convertir al contribuyente en moroso para acrecentar sus ingresos, que promovía aumento de tasas o como podría haber ocurrido en Santa Fe recategorizaciones que es otra forma de decir lo mismo, que cobraba un porcentaje (en Santa Fe se hablaba del 20 %) de los aumentos de la recaudación estén o no relacionados con un aumento en la eficiencia en los mecanismos de gestión percepción y fiscalización. En Santa Fe se hablaba de lo paradójico que se lleven el 20 % de lo recaudado por la vuelta injusta de los contribuyentes inundados al sistema tributario. O por un eventual crecimiento económico. En otras localidades sé hacia mención de cartas intimidatorias cuya autoría intelectual y hasta el envío (esta facultad también se previo en los pliegos de Santa Fe) corría por cuenta de la empresa generando zozobra en vecinos que no podían hacer frente a sus obligaciones fiscales.

No nos oponemos a las reformas administrativas tributarias. Es más, creemos necesario llevar adelante una profunda reforma fiscal que permita que el que puede pagar, que pague. Ello se debe realizar en base a criterios de equidad y empezando por los grandes contribuyentes y no por el perejil que intenta subsistir. Se debe capacitar al empleado municipal y no bastardearlo. Se debe invertir en tecnología y software. Todo ello se puede hacer con muchos menos recursos que los que se le pretendía dar a la empresa que seguramente iba a ganar la licitación.

Estas reformas deben ser implementas en forma rápida. En estas condiciones el erario público no puede subsistir sin tener que mendigar obras públicas para Santa Fe a los poderes centrales y que en las publicidades institucionales se la imputan el gobierno de Kichnner, el de Obied y de Balbarrey. Pero también porque se corre el peligro que los autores intelectuales de este modelo de Administración Tributaria persistan con la idea y dejen seguir cayendo el modelo de gestión impositiva y todo el sistema informático, creando las condiciones para que el mismo contribuyente sea el que solicite las reformas, algo parecido a lo que hacía Macri cuando amenazaba con no recolectar la basura en la ciudad de Buenos Aires lo que iba a generar un reclamo espontáneo si el gobierno nacional le "pretendía discutir" lo que las empresas privatizadas percibían por las "truchas" concesiones viales.

Lo que no podía ocurrir en ningún caso es que se lleve adelante una verdadera privatización votada por la mayoría justicialista a libro cerrado con una clara impronta menemista, ceder funciones propias del Municipio, permitir que una empresa se lleve fondos sin ninguna razón que lo justifique pero que el municipio no se puede dar el lujo de renunciar pero trastocando el espíritu y el verdadero contenido de esta "modernización" como se la pretendía llamar.

El dato más fuerte es que la sociedad santafesina se pronunció en forma contundente en contra de un sistema que evidentemente lo iba a perjudicar y que generaba intereses creados a favor de empresas que ahora todos conocemos. Quizás sería importante también que Intendente Balbarrey tome nota que el ciudadano hace rato se dio cuenta que la pista internacional de Anillaco no fue para promover el cultivo de la aceituna.