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LA TERCERIZACION DEL COBRO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES EN MANOS DE UNA EMPRESA PRIVADA
¿ LA VUELTA MENEMISTA A LOS 90?
Existe hoy en la sociedad argentina un consenso absoluto en cuanto al daño producido a raíz del "desguace" del Estado que se produjo como consecuencia de las privatizaciones durante los años del gobierno menemista. La premisa era "el Estado no debía realizar nada que lo pudiera hacer un capital privado".

Hoy, ante semejante aniquilamiento, se pretende principalmente desde el mismo gobierno nacional, devolver al Estado sus potestades y parte del control perdido sobre alguno de los servicios o empresas públicas perdidas. Tal es el caso de los servicios de correo, aguas , peaje, ferrocarriles o telefonía y las empresas Aerolíneas Argentinas o la emblemática YPF, por citar los casos más paradigmáticos, donde las dificultades en la regulación de estas empresas provocó un problema económico y social diario, de difícil solución.

Mientras hoy en todo el país se habla de revisar los contratos con las privatizadas, en la ciudad de Santa Fe no solo vamos a privatizar un servicio público, sino que también vamos a ceder una potestad absolutamente indelegable como es el cobro de los tributos municipales".

Es cierto cuando los defensores de este modelo, sostienen que existen antecedentes en el país, como en Resistencia, Pilar, Quilmes, Cañuelas, Santiago del Estero o Córdoba, pero se debería aclarar que el sistema fracasó y que incluso en muchos lugares se debió rescindir el contrato, indemnizando a las empresas.

En Santa Fe, ya tenemos experiencia en tercerización de servicios y esta "gestión conjunta" entre el Estado y el privado. Tal es el caso del Servicio de Estacionamiento medido. Los avasallamientos que se producen cotidianamente, los abusos a los usuarios, los incumplimientos en el canon, el fracaso del objetivo central de la tercerización "la reorganización del tránsito vehicular en el microcentro de la ciudad, y las dificultades a las que se enfrenta el mismo municipio para exigir el cumplimiento del contrato original, hablan a las claras del fracaso del sistema.

Pero en este caso la dependencia será aún mayor, porque se le dará a una empresa privada el gerenciamiento de la principal base de datos de la ciudad. Que seguridad se tendrá a la hora de renegociar un contrato, cuando la amenaza del desmantelamiento del sistema informático estará latente?. La sumisión será aún mayor que en el caso de un servicio público concesionado. La empresa por su parte, si los números no le cierran se va y listo. En cuanto a las garantías o sanciones a la empresa, de ser posible su ejecución, no compensarán el daño causado, de acuerdo a las experiencias de este tipo.

La intención de la modernización de la Administración, la alentamos en todo momento. Pero consideramos que directamente se debería haber comprado equipamiento y software adecuado, al mismo tiempo que capacitar al personal municipal.

En cuanto al contrato, según el pliego puesto a la venta, tiene una duración de cinco años, con una prórroga del contrato hasta un plazo máximo de tres años.

Se trata de una empresa y esta buscará optimizar sus beneficios, por contraprestación del servicio de "modernización del sistema de recaudación". La municipalidad como retribución le abonará un porcentaje (en otras ciudades es alrededor del 20%) según el incremento en la recaudación

Luego existen distintas situaciones para la determinación del beneficio de la empresa y el porcentaje que se llevará la misma, por ejemplo:

Por la colaboración integral en la modernización - administrativa de la dirección de rentas de la municipalidad, el departamento de apremios fiscales y áreas vinculadas a la administración tributaria:

Forma de certificación definida a "riesgo" sobre: a) El incremento de la recaudación municipal en cada uno de los impuestos, tasas, derechos, multas y otras contribuciones, gestionadas por la CONTRATISTA (corrientes y vencidas), b) sobre la detección de las construcciones clandestinas y comercios e industrias sin su correspondiente habilitación.

En cada uno de los casos se recompensará con iguales o diferentes aranceles retributivos por la contraprestación de los servicios.

Dichos aranceles se calcularán en función de los importes efectivamente ingresados en la Tesorería Municipal, correspondientes a cada una de los impuestos, tasa, derechos, multas, contribuciones o gravámenes, cualquiera fuese su naturaleza o denominación, que se registre durante la vigencia del contrato, y que fueran gestionados por la CONTRATISTA.

Para llevar a los números estas situaciones analicemos la recaudación municipal:

CONCEPTOS
Tributarios De Origen Municipal y Multas
Estimación Ingresos 2004
$ 47.735.400,46
Presupuesto 2005
$ 52.407.289,00
Incremento 2005- 2004
$ 4.671.888,54
Beneficio para la empresa = 20% x incremento
$ 934.377,71

A simple vista parece un buen negocio para la empresa por la provisión de un software y capacitación del personal. Pero debemos agregar a este beneficio, que en este caso, la recaudación no se incrementó por una mayor eficiencia del nuevo sistema, sino simplemente se cumplió con lo presupuestado por el mismo DEM para el Ejercicio 2005. Los beneficios para la empresa, serán aún mayores cuando se incorpore a la masa de contribuyentes aquellos que se encuentran fuera del sistema por haber estado afectado por las inundaciones, o simplemente por un período de bonanza económica.

Al año siguiente, si el incremento en la recaudación fuera nuevamente del 10%, independientemente del origen de las causas, la empresa obtendrá un beneficio en términos absolutos aún mayor.

Finalmente, queremos dejar en claro, que no se pretende con toda esta argumentación que sólo algunos paguen y que no exista mayor control en materia de obligaciones tributarias municipales. Si mejora la recaudación producto de una fiscalización más eficiente, seguramente tendremos mejores servicios, más obras y mayor equidad, pero sin lugar a dudas que el mejor camino es reivindicar la recaudación y fiscalización son potestades indelegables del Estado.