Cuando desde la sociedad insistimos en que el Estado no sabe, no quiere, no le interesa legislar, ejecutar ni actuar sobre las armas de fuego, lamentablemente no estamos desviando el camino.

Martín Ríos, el joven detenido por haber disparado a mansalva en el barrio de Belgrano, provocando la muerte del joven Alfredo Marcenac, heridas a otras seis personas, y disparado en al menos tres ocasiones más en diferentes lugares del mismo barrio, había renovado su condición de legítimo usuario de armas de fuego., ante el mismo Registro Nacional de Armas (Renar), en el que se asegura que renovó su condición de legítimo usuario de armas de fuego en el 2005.

La nota distribuida por el Renar sostiene que Martín Ríos "acreditó su identidad, medios lícitos de vida, ausencia de antecedentes penales, su estado de salud psicofísica y la idoneidad en el manejo de armas de fuego".

Antes que nada caben algunas aclaraciones, el Renar es un organismo registral que no controla. El control está tercerizado en los comercios que venden armas, si uno se quiere registrar va a una armería que le vende el formulario correspondiente, gestiona el trámite y le vende el arma. Es irrazonable que el interesado en vender sea el que controle la legitimidad del usuario que va a comprar el arma.

El Estado esta permitiendo que las armas circulen legalmente sin demasiados obstáculos. Es difícil afirmar que lo sucedido en Belgrano se podría haber evitado, pero no caben dudas de que sí se podía prevenir. El mismo Ríos había ya excedido la compra de 1.000 balas que tiene permitido por año, a falta de seis meses para culminarlo, parecería que las balas no sólo eran compradas para coleccionar. ¿Nadie controla eso? ¿Nadie legalmente registrado alguna vez sufre de algún brote de cólera y puede utilizar el arma violentamente? ¿Nadie se preguntó si es hora de que las armas dejen de ser un bien preciado y pasen a ser un mal innecesario?

Al contrario de lo que sucede con las drogas, cuyo recorrido (desde la oferta a la demanda) es esencialmente clandestino, en el caso de las armas de fuego, estas son en casi su totalidad producidas legalmente, hasta que en cierto punto la cadena comercial se desvía hacia el mercado ilícito. Por lo tanto son pasibles de ser sumamente controladas, en la medida de que exista la voluntad política necesaria para hacerlo.

La violencia se vive a diario en las calles, no diferencia clase social, color de piel ni mide las consecuencias. El Estado debe impulsar respuestas satisfactorias ante ello, no debe permitir que la sociedad inunde de armas de fuego sus viviendas, en todo caso, si lo permite, esta de una manera u otra promoviendo tristemente un estado netamente hobbesiano, un estado de todos contra todos.