Históricamente cada grupo social, cada sociedad políticamente organizada, impone penas a quienes violan las reglas impuestas, reglas desarrolladas a través del crecimiento de valores sociales. En última instancia, el objetivo de toda pena resulta la protección de los valores sociales que el grupo dominante de un Estado considera como legítimos para el conjunto de la sociedad. En este sentido, los medios para asegurar la defensa social han ido mutando a través del tiempo a causa de que quienes poseen el poder de hacer cumplir las leyes en las diferentes sociedades, han optado por los medios que creían ventajosos para garantizar la obediencia a la ley en una etapa determinada. La confianza en los diferentes medios resulta a su vez condicionada por la cultura, la tradición, el nivel de conocimiento y la naturaleza económica y social de las instituciones. En este sentido, el caso de los tormentos del pasado, no representan una evidencia de instintos sádicos por parte de quienes las esgrimieron: más bien dan demostración del hecho de que quienes las patrocinaron no concebían un medio mejor, es decir, más eficiente, para asegurar la defensa de los valores sociales que protegían, por lo tanto, el tipo de penas está relacionado con los valores culturales del Estado que los emplea y dependiente de ello. En todo caso, no conocían otra forma de penar, no aceptaban culturalmente otra manera de pagar por lo cometido.

La imposición de penas y castigos no debe ser determinada por la pasión y las urgencias de métodos obtusos, es decir, que la ola delictiva en nuestro país es real, es verdad, pero no debemos penalizar con el corazón, se debe penalizar con la razón, con el conocimiento del contexto que abruma al delincuente, con los datos históricos, con experiencias de países semejantes, y por supuesto teniendo en cuenta las variables sociales, culturales y económicas que enfrascan al individuo en nuestro país; porque después se cometen graves errores, claro ejemplo es el impacto de las "leyes Blumberg" en el Congreso Nacional: hoy, después de la aprobación de algunas propuestas firmadas por más de dos millones de habitantes, puede ser más grave portar un arma que matar a una persona, porque la pena por homicidio es menor, o como sucedió con la ley que amplió las penas por portación de armas, donde se olvidaron de incluir la simple tenencia de munición de guerra, que estaba en el artículo que reformaron, resultando ese delito sin penas, por ello algunos delincuentes ya quedaron libres al desaparecer el delito por el cual se los acusaba. El ímpetu por castigar fue más fuerte que la razón, las urgencias mediáticas promovieron en cierta forma el desguace irracional del Código Penal.

Bien es conocida la intención del gobierno provincial de promover una seguridad cuantitativa, copando arterias y espacios públicos con más agentes de policía, más y mejor armamento, más equipada, dejando de lado aspectos cualitativos, aspectos de fondo. Es necesario saber, y así lo demuestra el sondeo de opinión realizado en mayo de 2004 por la Asociación Civil "Casa del Sur", que los vecinos de la ciudad santafesina se sienten totalmente distanciados de la institución policial, porque saben de sus vicios, sus corruptelas, saben y conocen la mediocridad del sistema penitenciario, pero mucho más saben que el Estado de Derecho en nuestro país es amorfo y disímil; este distanciamiento ha provocado una ruptura muy difícil de remendar y es parte de los valores culturales que abogan para penar. Creo también, que la reparación de este divorcio dista mucho de las políticas de seguridad actuales; porque es imposible y hasta ilógico sumar y multiplicar con los mismos números, el resultado va a ser siempre el mismo. Se pretende transformar la institución policial en un objeto, una herramienta demagógica, auspiciado, muchas veces, por quienes detentan y organizan las mafias y las corruptelas culpables de miles de delitos, por muchos "organizadores" que desde su banca, sonrientes levantan la mano y apoyan leyes que intentan deformar la penalidad.

Las cárceles, depósitos de individuos penalizados, como institución ha fracasado en muchos lugares, muchos países del primer mundo optaron por una increíble variedad de reclusiones, sin obtener buenos frutos. La sociedad está enferma, y por ello quizás debamos comprender que quienes habitan detrás de las murallas son parte de ella. Se habla de hacer trabajar a los menores que delinquen cuando el Estado no puede ofrecer trabajo digno y legal a sus padres, se habla de la construcción de nuevas cárceles pero, ¿y después?, los índices de reincidencia abruman a las ciudades por un cúmulo de situaciones, entre ellas la idea de que cualquier tratamiento psicológico de rehabilitación resultará imposible mientras el recluso no halle una posibilidad de satisfacción lícita de sus necesidades del muro para afuera. Aún con los métodos más avanzados de resocialización, resultará dificultoso convencerlo de que acepte voluntariamente la perspectiva de un destino miserable. Más aún cuando no existen posibilidades laborales para el grueso de una sociedad no relacionada con hechos delictivos. Es inexcusable colocar al ex presidiario en una situación normal frente al mercado de trabajo, pero ayudarlos más que a sus posibles competidores podría convertir la situación en un círculo vicioso. Este análisis requiere sin duda algún un examen más delicado desde la sociología, la psicología y la antropología.

Por otro lado, la desigualdad a la hora de aplicar penas es histórica y es otro de las contrariedades judiciales en nuestro continente; ya en el siglo XVIII, en Europa, los penados más ricos podían comprar condiciones de existencia más o menos tolerables, pagando altos precios; hoy en día el poder político y las mafias que circundan al mismo practican las mismas corrupciones, permitiendo que quienes integran el clan sean favorecidos con penas menores o bajo circunstancias de alto grado de comodidad . La justicia y sus representantes en nuestra ciudad son parte de ello, lo grave es que la sociedad aún duerme y continúa sorprendiéndose cuando observa a santiagueños y puntanos clamar por una justicia para todos iguales.