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14/06/07
TEMA:
EL SILENCIO PUEDE COSTAR 310 MILLONES DE DÓLARES
AUTOR:
MIGUEL A. CRESPI - Tel. 0342-156.984945

Efectivamente, no se trata de un error, el poner en valor lo que puede costarle al Estado Nacional y por directa consecuencia a nuestra Provincia, la nefasta concesión de los servicios sanitarios en los principales quince distritos santafesinos a partir del 5 de diciembre de 1995 cuando, durante la gobernación de Carlos A. Reutemann se decidió ceder los derechos de esa importante prestación al grupo de accionistas que conformaron Aguas Provinciales de Santa Fe.

A partir de esa fecha comenzó un largo camino de impresiciones y actuaciones, que llegó hasta el 8 de Febrero de 2006 cuando el actual gobernador Jorge Obeid se convenció que los servicios sanitarios debían volver al Estado Provincial como única salida a la encrucijada planteada por la empresa.

Pero durante el período 1995 - 2006 ocurrieron una serie de hechos que marcaron notoriamente los perjuicios de una concesión al mejor estilo menemista que hoy amenaza con un juicio a la Nación por la suma de 310 millones de dólares, que el estado nacional repetirá contra nuestra Provincia y que, en números redondos y aproximados representa algo así como un 13% de un presupuesto anual provincial.

Ahora bien, se podrá alegar que la cuestión aún no está dirimida puesto que el proceso legal iniciado por la accionista Suez ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de diferencias Relativas a Inversiones) con sede en Washington - léase Banco Mundial - se encuentra en sus primeras instancias pero, a tenor de algunas versiones, los resultados no serían del todo halagueños para el Estado y si bien el fallo recién aparecerá allá por el año 2008, la cuestión no es para obviar ni olvidar.

Y en materia de no olvidar es necesario volver al presente solo algunas de las cuestiones ocurridas durante el período del concesionamiento a manos de Aguas Provinciales, algo así como diez años, de los cuales la Empresa se tomó el 80% de ese tiempo en discutir alternativas contractuales que solo trajeron como resultado la desinversión en total contravención con lo establecido en la Ley 11.220 que regulaba su contrato mediante expansiones provenientes de inversiones que nunca realizaron a pesar de los incrementos tarifarios que el gobierno justicialista les permitió, así como la pesificación de las garantías, originalmente en dólares y cuantas cosas más de las que nunca tuvimos explicaciones.

A todo esto no se puede obviar la indolencia de un ente de control (ENRESS) que nunca actúo en defensa de la provincia o del usuario y de un estado que dejó transcurrir el tiempo con total impunidad.

Mucho más podríamos agregar a esta triste novela escrita y dirigida por el justicialismo que, como única conclusión nos deja a los santafesinos con un servicio sanitario que perdió 10 años de avance en materia de extensión de redes de agua y cloacas; con una empresa ahora del Estado tal como lo era originalmente, con incremento de tarifas percibidos por la concesionaria para hacer obras que no hizo pero que tampoco reintegró y con un juicio planteado ante Tribunales internacionales, gracias a una Ley del ex Presidente Menem, que puede representarnos a los santafesinos, en un futuro no muy lejano, el pago de esa millonaria suma reclamada en defensa de los presuntos derechos de la empresa.

Por todo esto y mucho más, es que no debemos ni podemos olvidar la herencia que el justicialismo nos deja tras sus nefastos años de gobernar la provincia.

Miguel A. Crespi